Sánchez abre la puerta a renovar el CGPJ sin el PP, un plan del que ya claudicó en el 2021
GALICIA
Sus socios le instan a rebajar la mayoría necesaria, pero la UE rechaza esa solución al bloqueo del gobierno de los jueces
01 may 2024 . Actualizado a las 18:19 h.Tras una crisis personal por los supuestos bulos contra su mujer, que escenificó con una carta a los ciudadanos y una retirada de cinco días para «reflexionar», Pedro Sánchez regresó el lunes a la actividad con el mensaje de que hay que «regenerar» la vida política española. El presidente del Gobierno no ha concretado cómo lo hará, pero sí ha dicho quienes lo experimentarán: la Justicia, tercer poder del Estado, y medios de comunicación sin especificar a los que llama «máquina del fango».
El discurso del presidente ha asimilado parte de la retórica de sus socios independentistas. Dice haber sido víctima de lawfare, un término anglosajón que puede definirse como una interferencia espuria de los jueces en los procesos políticos. En el pasado lo usaban Podemos, ERC y Junts. El PSOE lo rechazaba hasta que necesitó los votos del partido de Carles Puigdemont, y apareció en el acuerdo que firmó con Junts. Ahora Sánchez lo ha incorporado a su biografía.
La existencia de lawfare sería una de las justificaciones para intervenir en la Justicia. La apuesta del presidente pasa por renovar el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde diciembre del 2018. Su actual composición data del 2013, cuando los populares tenían mayoría absoluta en las Cortes.
Sánchez ha dicho que si «el PP persiste en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable. La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto».
No existe tal responsabilidad del Ejecutivo. La ley dice que «el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo». Ese texto es ignorado desde hace décadas por los dos grandes partidos que, pese a sus reiteradas promesas electorales de despolitizar la Justicia, preferían repartirse los puestos de acuerdo con su representación parlamentaria.
La irritación política ha impedido un nuevo reparto. En el 2021, el Gobierno intentó cambiar la ley para poder renovar el CGPJ con mayoría simple del Congreso, y no con la actual mayoría cualificada de 210 diputados (3/5), que obliga a contar con la oposición.
La reforma tenía el apoyo de Podemos, que entraría en la institución. El grueso de la judicaturas se oponía. Pero fue el rechazo frontal de la Comisión Europea, contraria a una mayor politización de la Justicia, lo que llevó al Gobierno de Sánchez a dar marcha atrás. La postura de la Comisión no ha cambiado. El presidente no ha concretado si intentará un cambio legal como el del 2021, pero ha dicho que la decisión es «improrrogable». El PSOE, que se negaba a reactivar esa vía, ahora no la descarta de forma explícita. Sus socios le instan a retomarla para evitar el «bloqueo» del PP. Yolanda Díaz (Sumar) dice que esa reforma ayudaría a «democratizar la Justicia».